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INFORMES |
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| A
raíz de los hechos ocurridos el día 15 de Agosto de 2000,
en la finca La Tolda, vereda La Pica del municipio de Pueblorrico, en el
suroeste antioqueño, en los cuales el ejército nacional aparece
como responsable de causarle la muerte a seis menores y ocasionar heridas
a otros cuatro, diferentes comisiones integradas por personal de la Fiscalía
General de la Nación, la procuraduría, la Defensoría
del Pueblo, la Oficina en Colombia de la Alta Comisionada de Naciones Unidas
para los Derechos Humanos, se hicieron presentes en el lugar para esclarecer
las causas de este terrible suceso. De igual manera una comisión
de Organizaciones No Gubernamentales de Derecho Humanos conformada por la
Corporación Jurídica Libertad, el Colectivo de Abogados José
Alvear Restrepo, Humanidad Vigente Corporación Jurídica, Comunidades
Eclesiales de Base, Regional Antioquia Fundación comité de
solidaridad con los presos políticos, seccional Antioquia, Comité
Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos Héctor Abad Gòmez,
Comisión Intercongregacional de Justicia y Paz, Seccional Medellín,
Asociación de Familiares de Detenidos Desaparecidos -ASFADES- Medellín,
Fundación Sumapaz, hizo presencia en el lugar para aportar en el
esclarecimiento de la verdad ya que los medios de comunicación señalaron
diferentes versiones provenientes de la fuerza pública y de los habitantes
de la vereda que presenciaron los hechos, las cuales se contradecían
ostensiblemente entre sí.
Como resultado del trabajo de esta Comisión presentamos a la opinión pública nacional e internacional el informe, esperando ayudar al reconocimiento de la verdad y a que se haga justicia y a que las víctimas, sus familiares y vecinos de la comunidad sean reparados por el daño causado y se les brinde la protección debida para evitar que sean víctimas de actos criminales de retaliación. Para elaborar el presente informe, la Comisión estuvo durante dos días (16 y 17 de Agosto) en el municipio de Pueblo Rico en la vereda La Pica y en el municipio de Jericó, donde se pudo entrevistar con miembros de la comunidad, testigos presenciales, padres, hermanitas, hermanitos, abuelas, tías y demás familiares de las víctimas; así como con autoridades del municipio y de la misión médica. Fue absolutamente imposible hablar con alguno de los oficiales y/o soldados que en forma indiscriminada y durante cerca de cuarenta minutos (40) dispararon contra la indefensa humanidad de los menores y de sus acompañantes adultos. Constantemente y durante varios debates se confrontaron los testimonios, las evidencias y las versiones a objeto de desprendernos de toda carga subjetiva, derivada especialmente del dolor que nos embarga el saber que de un haz de luz, fuego y metralla MALIGNO le fue cegada la alegría, quemada la piel y cercenada la esperanza y la vida a quienes desde la propaganda gubernamental se dice son el futuro de Colombia: LOS NIÑOS. Las organizaciones
firmantes del presente informe, rechazamos la forma en que se ha querido
demeritar la contundencia de las evidencias, pues ello ofende premeditadamente
aún más la conciencia de todos los afectados: una comunidad,
un pueblo, una nación y la sociedad mundial, que desde el comienzo
han sabido la verdad de lo sucedido de los labios de los sobrevivientes.
Quizá estén aspirando a que la fuerza de la labor de los
mass media y de los pronunciamientos del Presidente de la República,
el Fiscal General de la Nación, los Ministros de Justicia y de
Defensa y de oficiales de alto rango de las Fuerzas Armadas, conviertan
la verdad en niebla, en un hecho confuso. No decir la verdad, modificarla,
ocultarla o presentarla a medias, es un acto tan o más criminal
que el cometido por la tropa en la loma de la finca "La tolda"
el pasado 15 de agosto. |
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| La
masacre de menores perpetrada el pasado 15 de agosto en la que están
comprometidas varias unidades militares, se produjo en medio de los diálogos
gubernamentales con las principales organizaciones insurgentes armadas:
FARC y ELN. Diálogos matizados por actos de sabotaje tan graves y
terroristas como el perpetrado en la ciudad de Chiquinquirá en el
que le fue colocado y activado un collar bomba a una ciudadana campesina.
Una difícil situación económica y social acompaña también este cruento asesinato múltiple. El Gobierno Nacional aspira a implementar un paquete de medidas tendiente a "reactivar la economía y a combatir el desempleo", que, a juicio de los trabajadores, definitivamente atenta contra la escasa estabilidad laboral y el precario salario de los colombianos empleados. El acrecentamiento de la intervención militar de los Estados Unidos en el conflicto armado, social y político a través de la aprobación e implementación del Plan Colombia, es otro de los elementos fuertes que enmarca el crimen de los menores por fuerzas regulares. Nuevos asesores militares norteamericanos han llegado recientemente al país a seguir instruyendo nuestras fuerzas armadas. Al lado del anterior ingrediente, tenemos que el Ejército Nacional viene anunciando el empleo de nuevas técnicas para garantizar efectividad, combatir la subversión y conservar el orden público, encaminadas supuesta y prioritariamente a proteger a la población civil. Tal vez la exhibición más destacada de estas nuevas estrategias militares es la empleada hace poco en el rescate de un periodista secuestrado. En ningún momento de la historia colombiana se le ha dado en teoría tanta importancia a los niños. Propagandas oficiales en los grandes medios se ocupan de la protección de los derechos de los menores. Numerosas instituciones estatales, entre ellas el despacho de la primera dama de la nación, la vicepresidencia de la República y la Defensoría del Pueblo, tienen programas orientados a los niños y niñas Algunas Organizaciones No Gubernamentales también se dedican especialmente a divulgar y defender los derechos humanos de niñas y niños. Organismos internacionales tienen la mirada puesta en nuestro país, siendo los menores el centro de sus preocupaciones y recomendaciones, De otra parte,
la masacre de los niños de Pueblo Rico se produce, paradójicamente,
cuando a varios niveles se clama por la firma de un acuerdo humanitario
entre el Gobierno Nacional y la Insurgencia Armada, que contenga un capítulo
que definitivamente excluya a los menores del conflicto armado. |
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| La
población infantil en Colombia es de 16.722.000, 41% de la población
total. de ellos 4 millones tienen que trabajar; 2.500.000 lo hacen en condiciones
de explotación, mas de 6 millones viven en la pobreza y cerca de
3 millones viven en la miseria.
El derecho a la supervivencia de los niños en el país no esta garantizado: de los aproximadamente 700 mil niños que nacen al año, la mitad están condenados a vivir en la pobreza y 34.000 no alcanzan a cumplir el año de vida; Según datos oficiales en Colombia diariamente muere un promedio de 12 niños: 5 son asesinados, 3 en accidentes de transito, uno se suicida y 3 en otros accidentes. Entre 20 mil y 30 mil niños viven en las calles de nuestro país, aproximadamente 21.000 niños y niñas son víctimas de la explotación sexual. En 1.996 el 60% de los niños en el país eran maltratados física, psicológica o socialmente. El promedio de mortalidad infantil asciende a 28 por mil nacidos, menores de un año. Las causas inmediatas de muerte prematura de los niños son las afecciones prenatales, en el parto y una semana después, las enfermedades respiratorias y las infecciones intestinales. En el país hay 3 millones de niños con algún grado de desnutrición. Las profundas inequidades sociales que vive nuestra nación se evidencian en el nivel de oportunidades de acceso a la educación que se distribuyen de forma inequitativa, no sólo entre grupos de ingresos sino también entre regiones. Solo dos de cada tres de los niños de 12 a 17 años más pobres, pueden acceder a la educación, en contraste con el 88% de los más ricos que acceden a ella. Se calcula que los niños que actualmente se encuentran por fuera del sistema educativo se acercan a 4 millones. El 70 % de los desplazados internos de manera forzada son niños. Quienes no han recibido una atención integral ni protección por parte del Estado que tampoco ha garantizado el retorno o reubicación con dignidad y garantías. La mayoría de estos niños y niñas se encuentran en estado de miseria. En Colombia realmente no existe un sistema organizado de bienestar familiar, hay poca eficacia en los programas de las entidades del sector, las cuales además no se encuentran coordinadas entre sí. No existen políticas y procedimientos de atención destinados especialmente a la niñez. La jurisdicción de menores infractores, encierra graves violaciones a las garantías judiciales, en los centros de reeducación de niños infractores, se presenta un sobre cupo del 330% y los adolescentes son sometidos a tratos crueles, inhumanos y degradantes. Los casos
de violaciones al derecho a la vida de niños de las que son responsables
miembros de la Fuerza Pública, son conocidos por la jurisdicción
penal militar lo que garantiza la impunidad de los mismos y contravine
lo ordenado por la Corte Constitucional en sentencia 358/96 y las recomendaciones
de organismos internacionales sobre la jurisdicción penal militar.
La impunidad en el país en casos de violación a los derechos
humanos de los niños es del 100 %. |
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| Pueblorrico
es un municipio del suroeste antioqueño, ubicado a unos 1.800 metros
sobre el nivel del mar. Su población se acerca a los 12.000 habitantes,
la mayoría de ellos vive en las veinte (20) veredas que conforman
la zona rural. La recolección de café y la producción
panelera constituyen las principales actividades productivas del municipio.
En la cabecera municipal existe un puesto de Policía, que cuenta con 16 uniformados. Además, el Batallón de contraguerrilla "Cacique Nutibara", adscrito a la Cuarta Brigada con sede en Medellín, ejerce control esporádico principalmente en la zona rural. Desde hace varios años los habitantes de Pueblorrico viven una difícil situación de violencia política y de limpieza social, que ya ha generado desplazamientos forzados. La Señora Judith Piedrahita Jiménez, actual Alcaldesa, accedió a la administración luego del deceso violento del Alcalde titular, ocurrido el 17 de marzo de 1999, quien sufrió un atentado cuando se dirigía de Pueblorrico a Medellín. La Señora alcaldesa ha sido objeto de amenazas, las cuales desde hace unos cuatro meses cesaron. En el último año han sido asesinadas unas 15 personas. Son ciclos violentos que se repiten aproximadamente cada tres (3) meses. En cada uno de ellos se eliminan ciudadanos inermes acusados de apoyar a grupos insurgentes o de ser expendedores de estupefacientes. Las víctimas son campesinos o pobladores que luego de ser desaparecidos son ejecutados en parajes rurales. También los ciudadanos jóvenes han sido objeto de violencia, acusados por sus victimarios de ser drogadictos. El Señor HUMBERTO HERRERA GALLEGO, obrero de la Alcaldía y Presidente de la Subdirectiva del Sindicato de Trabajadores Oficiales de Antioquia -SINTRAOFAN, fue asesinado el 15 de julio del 2000. Este hecho, según las autoridades locales, fue reivindicado por los paramilitares. FRANCISCO LUIS ZAPATA, operador de la planta de tratamiento del municipio fue ejecutado extrajudicialmente el 13 de enero del 2000. LUIS HERNAN ALVAREZ, también obrero del municipio, en febrero del 2000 desapareció del municipio y fue hallado en el campo asesinado. Ocho días antes de ser desaparecido había sido maltratado y amenazado. En septiembre de 1999 fue asesinado el joven de 20 años MARIO ALBERTO RESTREPO RAMÍREZ, quien era comerciante y propietario de una taberna. Comentarios le atribuyen el homicidio a los paramilitares. De este tipo de violencia no ha sido ajena la vereda La Pica, ya que en acción atribuida a grupos paramilitares fue asesinado en el mes de enero de 1998 el señor Fabio Ortega y en el mes de julio del mismo año los señores Argemiro Ortega y Jairo Henao, al ser señalados como auxiliadores de la insurgencia. Las autoridades locales manifiestan que ni los grupos guerrilleros ni los paramilitares tienen asiento en la localidad, que su presencia es de paso o en tránsito, como es el caso de la guerrilla que en los años 1997 y 1998 hostigó al puesto de policía. En relación con la presencia de los llamados grupos paramilitares, contrario a lo afirmado por las autoridades municipales, obtuvimos testimonios que señalan que hacen presencia y ejercen control permanente no sólo en el municipio sino en toda la región. Al parecer en el corregimiento de Bolombolo del Municipio de Venecia y en el corregimiento de Puente Iglesias del municipio de Fredonia y en el municipio de Concordia, muy cercanos de Pueblorrico, los grupos paramilitares han logrado establecer un centro regional de operación. En esta región del departamento también opera la Convivir conocida como "Las Garzas", responsable de acciones violentas contra la población. Tanto la Señora Alcaldesa como el Señor Personero de Pueblorrico, son categóricos en manifestar que en el último periodo no tienen informaciones de enfrentamientos en el municipio entre la Fuerza Pública y la guerrilla. Testimonio de habitantes del municipio y los mismos funcionarios públicos señalan que la comunidad campesina de la vereda "La Pica" está conformada por personas en extremo pacíficas. El empeño con que cuidan sus parcelas da cuenta de su laboriosidad, pese a que como ellos lo manifiestan, tanto esfuerzo no se ve recompensado con los actuales bajos precios del café que contrastan con los altos costos de los insumos que forzosamente se deben emplear en el proceso de producción cafetera. La Escuela
en la que estudiaban los menores asesinados, es una edificación
sencilla, pero muy alegre y agradable en la que la comunidad ha centrado
sus mayores esfuerzos para construir allí un espacio de futuro
para sus hijos. Dista en línea recta unos 500 metros de la loma
en donde fueron mortalmente heridos los niños. Las tierras de la
vereda no son boscosas, sino cultivadas en su mayoría de café,
caña de azúcar, plátano, yuca y de árboles
altos que le prestan el sombrío a los hermosos cafetales del lugar |
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| La
Vereda La Pica dista 12 kilómetros del casco urbano de Pueblorrico,
a ella se ingresa por carretera destapada en un recorrido de aproximadamente
50 minutos. El lugar en el que se perpetró este crimen se sitúa
al final del acceso carreteable donde inicia el asenso a la loma (manga
o potrero) donde fueron muertos los seis niños y heridos otros 4,
es un lugar pendiente de inclinación media, de unas cuatro (4) hectáreas
aproximadamente, totalmente despejado y el pasto difícilmente supera
los 20 centímetros de altura, como quiera que recientemente buena
parte del terreno fue reforestado con una especie de pino que al momento
del deceso de los menores no cuentan estos arbolitos con más de quince
centímetros de altura.
En la parte media baja del sitio exacto donde cayeron los niños y niñas se encuentran a lado y lado unos rastrojos que quizá no llegan en toda su extensión a una hectárea. En la parte alta y a lado y lado se encuentran dos cerros de vegetación muy pero muy baja, similar a la que encontramos en el lugar donde cayeron mortalmente heridos los niños, en la que es imposible que un grupo de personas se esconda o camufle. La loma en que murieron y fueron heridos los niños y las niñas, está atravesada por un camino de herradura que en algunos trechos se torna profundo. En esta cañada se refugiaron muchos de los niños que pese al denso fuego lanzado salieron ilesos. Situados sobre el sitio en que cayeron sin vida los niños, se divisa claramente el casco urbano de Pueblorrico distante aproximadamente 3 kilómetros en línea recta sin obstáculos, lo que explica por qué en el casco urbano fueron escuchadas las detonaciones. Durante el
tiempo en que esta comisión permaneció en el lugar, los
días fueron soleados y despejados y, de acuerdo con el decir de
los vecinos de la comunidad, el 15 de agosto, día de los hechos,
fue un día de iguales características. |
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| Un
sueño premonitorio....
Claudia Patricia Ospina Arboleda, prima de los hermanitos Paola Andrea y Alejandro Arboleda, soñó la noche anterior a los hechos que iba con su primita Paola Andrea y que de pronto les disparaban, en el sueño ella le decía "corra que nos van a matar"
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Producto
de estos hechos cayeron muertos: PAOLA ANDREA ARBOLEDA RUA de 8 años de edad, Y fueron heridos: CESAR ARBOLEDA RUA, de diez años. |
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Fuego cruzado, los niños utilizados como escudos
Desde el martes 15 de agosto, los medios de comunicación publican las versiones de los altos mandos militares. El Comandante del ejercito declaró para el diario El Espectador "lo que sucedió es que se presentó un intercambio de disparos, los guerrilleros venían adelante y se mezclaron con los niños, el ejército no los vio y ahí murieron ". ( Diario El Espectador Miércoles 16 de agosto de 2000 pg.2-A.) Para el mismo diario el comandante de la Cuarta Brigada del Ejército, General EDUARDO HERRERA VERBEL declaró: " En la persecución de los guerrilleros, estos se metieron entre una excursión de niños de la escuela y dispararon a la tropa. Esta reaccionó y hay un balance de seis niños muertos". ( Diario El Espectador Miércoles 16 de agosto de 2000 pg.2-A.) "Por su parte, el Comandante de la cuarta Brigada, general EDUARDO HERRERA VERBEL, aseguro que en el enfrentamiento los guerrilleros utilizaron niños como escudos humanos para evitar la acción de los tropas " .(El Colombiano Agosto 16 del 2000). Los mandos militares insisten en exonerarse de responsabilidad a pesar de que toma fuerza la evidencia de la misma, el 17 de agosto el Espectador registra reacciones del General Mora, señalando "Creo que si los soldados hubieran visto a los niños no disparan..." Autoridades civiles se pronuncian en el mismo sentido, la alcaldesa de Pueblorrico, JUDITH PIEDRAHITA, afirmó que el grupo, conformado por unos 60 niños, se encontraban en un camino cuando quedó en medio del fuego cruzado. El Gobernador
(E) de Antioquia ORCAR ARBOLEDA señaló "hasta ahora
(tarde de ayer) no me he reunido con ningún militar, pero entiendo
que esto es el resultado de una confrontación entre tropas de la
Cuarta Brigada y guerrilleros del Ejército Revolucionario Guevarista,
del ELN" |
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| El
18 de agosto autoridades civiles y militares encabezadas por el propio Ministerio
de Defensa presentan ante la solidez y presión de las declaraciones
de los testigos de los hechos, reconocen la responsabilidad del Ejército,
pero la atribuyen a un "error".
"Este no es un tema de violación de derechos humanos, sino de un posible error humano... El punto que quieren reiterar aquí, por encima de todo, es que nunca -y eso creo que esta fuera de toda discusión- hubo dolo. Nunca hubo intención de los soldados en producir muertes menos niños..." Estas fueron las declaraciones de LUIS FERNANDO RAMIREZ ACUÑA, Ministro de Defensa, en rueda de prensa que fue registrada por los medios de comunicación el 19 y 20 de Agosto. En dicha rueda de prensa el Comandante de las fuerzas Militares FERNANDO TAPIAS STAHELIN, mantiene la versión según la cual en el lugar de los hechos había presencia guerrillera, en contravía del decir de los testigos. "Allí, hacia las 9:30 a.m. el propio Sargento que se encontraba al frente de una subametralladora, según su versión de los hechos al parecer divisó con sus subalternos las siluetas de hombres que vestían camuflados ". (El Espectador sábado 19 de agosto de 2000, Pg. 6-A). Sin embargo, al parecer, el comandante no fue claro en relación con el tema del supuesto combate, pues mientras el diario El Espectador señala: "...Tapias en ningún momento aseguró que en realidad hubiera habido un enfrentamiento armado en el momento en el que se presento el incidente con los niños." (op.cit), El diario el Tiempo asegura "El Ministro (de Defensa) se pronunció sobre el hecho en una rueda de prensa, en la que el Ejercito se reafirmó en que los menores perdieron la vida en medio del fuego cruzado en combates con el ELN." (El Tiempo, agosto 19 de 2000). Esta versión es avalada por el propio Fiscal General de la Nación quien señaló que se debía descartar la existencia del dolo. "El Fiscal ALFONSO GOMEZ MENDEZ advirtió que se debe descartar de entrada que oficiales y soldados del ejército de Colombia estuvieran dolosamente asesinando a niños, y calificó esta hipótesis como descabellada "apreciación a priori, irresponsable y sin fundamento"…. (El Espectador, jueves 17 de agosto de 2000, Pg. 3-A). La ligereza de las versiones presentadas por las autoridades civiles y militares frente a los hechos, mereció el pronunciamiento de la Oficina en Colombia de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, que en comunicado de prensa señaló: "La oficina lamenta las apresuradas declaraciones de funcionarios de carácter civil y militar sobre el desarrollo de los hechos y las responsabilidades que del mismo se derivan. La oficina
urge al Estado para que realice un investigación exhaustiva y garantista
de los hechos de la Pica, adelantada conforme a la normativa interna e
internacional, identifique a los responsables, e imponga las sanciones
penales y disciplinarias que correspondan. Así mismo, recuerda
al estado su deber de reparar el daño y resarcir a las víctimas
y a sus familiares." |
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Quienes suscribimos
este informe tenemos el convencimiento moral (como sin duda también
así lo percibe la comunidad nacional e internacional ), de que
la masacre de niños acaecida el pasado 15 de agosto en la finca
"La Tolda, ubicada en la vereda "La Pica" del municipio
de Pueblorrico, Antioquia, constituye un hecho ofensivo del Estado colombiano
a la conciencia universal, habida consideración de que la acción
criminal de la tropa vulneró grave e integralmente los Derechos
Humanos de las víctimas e infringió normas básicas
del Derecho Internacional Humanitario, amén de que generó
zozobra, terror, inseguridad, incertidumbre y exagerado dolor en la población
pueblorriquense y en la sociedad colombiana en general. Los derechos humanos en Colombia se protegen e interpretan de conformidad con los tratados internacionales sobre la materia ratificados por Colombia, que entre otros, los centrales son los siguientes:
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El propósito fundamental del DIH es proteger a las personas que no participan en las hostilidades, tal es el caso de los niños muertos y heridos por la tropa regular en Pueblorrico, vereda "La Pica". Tal propósito reconoce el derecho a las personas que no participan en las hostilidades de que se les respete su vida, su dignidad, sus derechos individuales y su integridad física y moral y a ser protegidas y tratadas con humanidad. El DIH impone a las partes en conflicto, en todas las circunstancias, la distinción entre población civil y los combatientes, con miras a respetar a aquella. Por tal razón la población civil no puede ser objeto de ataque. El campo de aplicación del DIH cobija los conflictos armados no internacionales, como es el caso colombiano. En este tipo de conflictos son aplicables el artículo 3 común a los cuatro convenios y el Protocolo II. El texto del artículo 3 común es el siguiente: "Artículo 3.- En caso de conflicto armado que no sea de índole internacional Y que surja en el territorio de una de las Altas Partes Contratantes, cada una de las partes en conflicto tendrá la obligación de aplicar, como mínimo, las siguientes disposiciones: "Las personas que no participen directamente en las hostilidades, incluidos los miembros de las fuerzas armadas que hayan depuesto las armas y las personas puestas fuera de combate por enfermedad, herida, detención o por cualquier otra causa, serán, en todas las circunstancias, tratadas con humanidad, sin distinción alguna de carácter desfavorable basada en la raza, el color, la religión o la creencia, el sexo, el nacimiento o la fortuna o cualquier otro criterio análogo. "A este respecto, se prohíben, en cualquier tiempo y lugar, por lo que atañe a las personas arriba mencionadas:
"Un organismo humanitario imparcial, tal como el Comité Internacional de la Cruz Roja, podrá ofrecer servicios a las partes en conflicto. "Además, las partes en conflicto harán lo posible por poner en vigor, mediante acuerdos especiales, la totalidad o parte de las otras disposiciones del presente Convenio. "La aplicación de las anteriores disposiciones no surtirá efectos sobre el estatuto jurídico de las partes en conflicto." A su vez, el Protocolo II en su artículo 4-3 prevé que a los niños se les proporcionarán los cuidados y la ayuda que necesiten. El Estado colombiano hace parte de los convenios de Ginebra, por lo cual está obligado a sancionar a las personas responsables de infringir o vulnerar las normas contenidas en dichos convenios. A juicio
de esta comisión, los militares que dispararon contra los niños
y niñas el 15 de agosto del 2000 en la Finca La Tolda, Vereda La
Pica del municipio de Pueblorrico, Antioquia, son sospechosos de infringir
flagrantemente normatividades básicas del Derecho Internacional
Humanitario; vale decir, pueden ser responsables de un crimen de guerra
y, más concretamente, de haber cometido un homicidio múltiple
intencional y de haber sometido a la población civil a un ataque,
por lo cual el Estado colombiano está obligado a enjuiciarlos y/o
a facilitar para que la comunidad internacional de Estados los enjuicie. |
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El Estado Colombiano ha ratificado la Convención sobre derechos del niño y la ha incorporado a la legislación interna con la expedición de la ley 12 de 1991, comprometiéndose así ante la comunidad internacional y especialmente ante los niños colombianos a dar aplicación a los derechos y procedimientos allí consignados. Sin embargo la grave situación de derechos humanos que vive la niñez colombiana, da cuenta de la falta de voluntad estatal para cumplir dicho compromiso. Los niños Colombianos, especialmente aquellos víctimas de la injusticia social y la exclusión, son víctimas de la sistemática violación de sus derechos. En el marco de la sistemática violación de todos los derechos de los niños, se presenta y debe apreciarse el crimen cometido en Plueblorrico, para comprender que esta acción del Ejército Nacional Colombiano no puede aceptarse como un error, sino que debe considerarse la posibilidad de que se trató de una acción concertada e intencional y como un capítulo mas en la historia de los crímenes de estado que se han perpetrado contra nuestros niños, la mayoría de los cuales no han contado con el mismo despliegue en los medios de comunicación y por ello no han despertado la misma respuesta de la sociedad. Para citar tan solo algunos casos ejemplarizantes: recientemente y luego de la incursión de las FARC a Carmen de Atrato el 5 de agosto, el 8 de agosto cuando un campesino junto con sus dos hijos intentaba hacerse a los alimentos abandonados por los insurgentes, fue atacado por hombres del Ejército quienes asesinaron a su pequeño de tan solo 9 años de edad JUAN ANTONIO VARGAS RIVERA y capturaron, amordazaron y golpearon su hermanito de 10 años. El 29 de mayo de 1997 FERNADO ARIAS y WILSON BAEZ de 13 años fueron asesinados por miembros del Ejército Nacional cuando recogían hormigas culonas en cercanías a un reten militar en Tame, luego de haber pedido permiso para hacerlo y haber dejado recomendadas sus bicicletas a los militares; el 29 de septiembre de 1997 Rummenigge Perea Padilla de 14 años fue puesto de rodillas y ejecutado por miembros del Grupo GAULA de la Policía Metropolitana de Cali cuando desarrollaban un operativo para la liberación de un secuestrado y el niño fue sorprendido tratando de escapar a los disparos que lo sorprendieron mientras se divertía junto con otros niños en un riachuelo. Mas recientemente, el crimen cometido por la Fuerza Aérea Colombiana el 13 de diciembre de 1998 cuando desde uno de sus helicópteros se arrojó sobre la población inerme de Santo Domingo en Tame (Arauca), una bomba que cegó brutalmente la vida de siete niños y nueve adultos que departían en una fiesta comunitaria. Valga señalar que estos casos como tantos otros que se cometen contra nuestros niños, permanecen en absoluta impunidad, algunos de ellos están bajo conocimiento de la Jurisdicción penal militar. Esta situación, que no es reciente, ha sido evidenciada por el propio Comité de derechos del niño de Naciones Unidas que ya desde 1995 ha proferido recomendaciones concretas al Estado colombiano para que garantice los derechos de los niños y que debían tener justa aplicación para este caso: "Las violaciones a los derechos humanos y de los derechos de los niños deberían ser examinadas siempre por tribunales civiles de conformidad con el derecho civil y no por tribunales militares." Así mismo, el Comité hizo recomendaciones específicas en relación con las autoridades militares y de policía, que a la fecha no solo no se han cumplido sino que, con hechos como el de Pueblorrico son burladas abiertamente: "El comité cree que debe adoptarse una nueva actitud y un nuevo enfoque, sobre todo en lo que respecta a la Policía y los militares, a fin de que se respete mas a los niños independiente de su origen social, económico o de otra índole..." De otra parte, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA en su último informe sobre derechos humanos en Colombia también se ha pronunciado sobre la grave situación de los niños: "...información recibida en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos... indica que la situación del niño colombiano, lejos de mejorarse, o al menos, mantenerse, parece ir empeorando en los últimos años." En ese sentido la Comisión Interamericana recomienda: "Que se tomen medidas enérgicas para garantizar el derecho de todos los niños de Colombia a la vida. Esas medidas deben incluir medidas que garanticen la protección efectiva de los derechos de los niños contra los actos de asesinato y atentados contra su integridad física, y el aseguramiento de que dichos actos sean investigados de manera seria, imparcial y efectiva por tribunales civiles y sancionados severamente." Un crimen como este y las vergonzosas acciones de encubrimiento posteriores al mismo, no solo se constituye en una grave violación de derechos humanos y de los derechos de los niños, sino que es un hecho que agrede a toda la humanidad y debe avergonzar al Estado Colombiano por la atrocidad con que actuaron sus agentes y la deplorable impunidad que han propiciado altas autoridades civiles y militares. De otra parte, con estos hechos el Ejército Nacional ha infringido normas del derecho internacional humanitario al que está obligado a sujetarse y que ordena el deber de protección, de asistencia médica y de reparación a los niños. El artículo 77 del Protocolo I adicional a los Convenios de Ginebra señala: "Los niños serán objeto de un respeto especial y se les protegerá contra cualquier forma de atentado al pudor. Las partes en conflicto les proporcionarán los cuidados y la ayuda que necesiten, por su edad o por cualquier otra razón" El artículo 50 del IV Convenio de Ginebra señala en relación con la asistencia médica: "Los menores de 15 años, las mujeres en cinta y las madres de niños de menos de 7 años priman respecto de la alimentación, la asistencia médica y la protección contra los efectos de la guerra." La propia Convención sobre los Derechos de los Niños en el artículo 38 señala: "Los Estados Partes se comprometen a respetar y velar por que se respeten las normas del DIH que les sean aplicables en los conflictos armados y que sean pertinentes para el niños. De conformidad con las obligaciones dimanadas del DIH de proteger a la población civil durante los conflictos armados, los Estados Partes adoptarán todas las medidas... para asegurar la protección y el cuidado de los niños afectados por un conflicto armado." Dando cumplimiento a las obligaciones estatales de protección a los niños afectados por el conflicto armado, el Estado Colombiano debe emprender acciones eficaces, sistemáticas y coherentes para garantizar la recuperación emocional de los niños y sus familias. El artículo 39 de la Convención: "Los Estados Partes adoptarán todas las medidas apropiadas para promover la recuperación física psicológica y la reintegración social de todo niño víctima de... conflicto armado" |
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"Claudia Patricia, como muchos otros niños presentes en los hechos, tiene pesadillas, se despierta llorando y siente que "alguien se me acuesta al lado en la cama" A lo largo de los dos días de diálogo con la comunidad de la vereda La Pica varios elementos quedan claros: la comunidad debe enfrentar no sólo el terrible dolor que les produce el haber sido víctimas de la agresión por parte del ejército, sino el miedo por las posibles agresiones de los victimarios o de grupos paramilitares por haberse atrevido a declarar y denunciar para que el mundo conociera la verdad de los hechos. No puede olvidarse que la agredida, la victimizada es toda la comunidad que se vio involucrada en los hechos y no sólo los niños y niñas asesinados o heridos. Todos y cada uno de los niños y niñas, los padres de familia, las profesoras, el concejal deberán enfrentar en mayor o menor grado los estragos de esta violación flagrante a los derechos humanos por parte de agentes del Estado. Entre estos efectos podemos destacar los siguientes:
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